¿Puede el propietario cortar la luz a un okupa?

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¿Puede el propietario cortar la luz a un okupa? Imagina que alguien ocupa tu vivienda de forma ilegítima. Sin contrato, sin autorización, sin ningún título que le ampare. Los procedimientos judiciales se alargan durante meses. Y mientras tanto, tú sigues pagando la factura de la luz, del agua y del gas que consume quien te ha usurpado la casa.

Si intentabas cortar esos suministros, te arriesgabas a una denuncia por delito de coacciones. Si no los cortabas, seguías financiando la ocupación de tu propio inmueble.

Era una paradoja que el ordenamiento jurídico no había resuelto con claridad. Hasta ahora.

En su sentencia 426/2026, de 24 de junio de 2026, el Tribunal Supremo en Pleno —es decir, reunido con la totalidad de sus magistrados de la Sala Penal, lo que otorga especial peso a sus pronunciamientos— ha fijado un criterio que cambia el panorama para los propietarios afectados por ocupaciones ilegítimas: quien carece de todo título legítimo sobre una vivienda no puede exigir al propietario que mantenga a su costa los suministros de los que se beneficia.

Esto tiene consecuencias jurídicas muy relevantes. Te las explicamos.

De qué trata la sentencia y por qué importa más allá del caso concreto

El caso resuelto por el Tribunal Supremo en esta sentencia tiene como protagonista a un matrimonio en proceso de divorcio. El marido cortó la luz de la vivienda familiar para presionar a su esposa a abandonarla. El Supremo confirmó su condena por coacciones —esa parte del fallo no es nueva ni sorprendente: la esposa tenía un título legítimo para estar en la vivienda y la vía correcta era la judicial.

Pero el Tribunal aprovechó la ocasión para ir mucho más allá del caso concreto. En el Fundamento de Derecho Cuarto, el Pleno del Supremo fijó doctrina general sobre el delito de coacciones y el corte de suministros, estableciendo expresamente que ese criterio no es trasladable de manera automática a todos los supuestos.

Y es en ese razonamiento general donde está la verdadera novedad jurídica de esta resolución.

Qué dice exactamente el Tribunal Supremo sobre la ocupación ilegítima

El Supremo parte de una distinción fundamental: no es lo mismo cortar suministros a quien tiene un título legítimo —o al menos aparente o en disputa— sobre la vivienda, que hacerlo frente a quien ocupa el inmueble sin derecho alguno.

Para este segundo caso, el Pleno señala que la no punibilidad del corte de suministros puede estar justificada desde tres perspectivas distintas, que se refuerzan mutuamente:

1. Desde la tipicidad: la interrupción de los suministros, en estos casos, no colmaría el elemento normativo «sin estar autorizado» que es consustancial al delito de coacciones. Dicho en términos llanos: si quien ocupa el inmueble no tiene derecho a estar ahí, el propietario que cancela los contratos a su nombre no está actuando «sin autorización» en el sentido que exige el tipo penal.
2. Desde la no exigibilidad: no es razonable imponer al propietario la obligación de mantener a su propio coste un servicio del que se beneficia exclusivamente quien ha ocupado su vivienda de forma ilegítima. El Derecho no puede exigir a la víctima que financie el ilícito que padece.
3. Desde la proscripción del enriquecimiento injusto: al hecho ilícito de la ocupación se añadiría el beneficio adicional de disfrutar gratuitamente de unos suministros que paga el perjudicado. El sistema jurídico no puede tolerar que la ocupación ilegítima resulte, además, económicamente ventajosa para quien la lleva a cabo.

Estas tres vías argumentales confluyen en la misma conclusión: el propietario que da de baja los contratos de suministro de una vivienda ocupada ilegítimamente actúa en un espacio que el Tribunal Supremo considera, en principio, ajeno al reproche penal por coacciones.

Por qué esto es jurídicamente relevante: el cambio de paradigma

Hasta esta sentencia, la jurisprudencia dominante —tanto del Tribunal Supremo como de las Audiencias Provinciales— tendía a considerar el corte de suministros como una conducta potencialmente constitutiva de coacciones, con independencia de la situación del ocupante. El propietario que cancelaba la luz o el agua corría un riesgo penal real, aunque quien viviera en su casa no tuviera ningún título para hacerlo.

Esa interpretación generaba una asimetría profundamente injusta: la protección penal funcionaba, en la práctica, en favor del ocupante ilegítimo y en contra del propietario que intentaba recuperar el uso y disfrute de su propio bien.

El Pleno del Supremo corrige esa asimetría. Lo hace de forma cautelosa, pero con una claridad argumental que difícilmente podrán ignorar los tribunales.

Los límites: qué no cubre esta doctrina

El Tribunal Supremo es explícito en que su razonamiento no equivale a un salvoconducto general. Hay situaciones en las que el corte de suministros sigue siendo delito, y conviene tenerlas muy claras antes de actuar.

• El cónyuge o expareja en la vivienda familiar. Es el supuesto del caso resuelto. Si hay un proceso de separación o divorcio en curso y uno de los cónyuges permanece en la vivienda familiar, tiene un título de posesión legítimo —al menos aparente o en disputa— y el corte de suministros sigue constituyendo coacciones. La vía correcta es el procedimiento judicial de familia.
• El inquilino con contrato en vigor. Aunque no pague la renta, el inquilino tiene un contrato de arrendamiento que le ampara jurídicamente. El procedimiento para recuperar la vivienda es el desahucio por falta de pago, no el corte de suministros. Actuar de otra forma sigue exponiéndose a consecuencias penales.
• El ocupante cuya situación es ambigua o discutida. La doctrina del Supremo exige que la ausencia de título sea clara. Si existe cualquier tipo de relación contractual, familiar o de hecho que pueda generar algún derecho sobre la vivienda, el análisis se complica y la protección que ofrece esta sentencia puede no aplicar.

En definitiva: la doctrina protege al propietario frente a quien ocupa su vivienda sin ningún título ni amparo jurídico. No frente a cualquier conflicto posesorio.

¿Qué debe hacer el propietario antes de actuar?

Que el Tribunal Supremo haya abierto esta puerta no significa que atravesarla sea sencillo ni que deba hacerse sin preparación. Antes de cancelar cualquier contrato de suministro, el propietario debe asegurarse de varias cosas:

1. Acreditar documentalmente la ocupación ilegítima.
2. Tener iniciada —o al menos planificada— la vía judicial correspondiente.
3. Documentar el acto de cancelación.
4. Contar con asesoramiento jurídico previo. La distinción entre un okupa en sentido estricto y un ocupante con título discutible puede ser muy sutil en la práctica. Un error en esa clasificación puede convertir una actuación legítima en una denuncia penal. El análisis previo, hecho con criterio jurídico y por escrito, es lo que permite al propietario actuar con seguridad.

Si te encuentras en esta situación y quieres saber exactamente en qué posición estás antes de dar cualquier paso, en nuestro despacho realizamos ese análisis de forma personalizada.

Conclusión: una sentencia que los propietarios y sus abogados deben conocer

La STS 426/2026 del Tribunal Supremo en Pleno introduce un cambio de enfoque relevante en la jurisprudencia sobre coacciones y corte de suministros. Por primera vez, el Alto Tribunal articula con claridad los argumentos jurídicos que pueden justificar que el propietario de una vivienda ocupada ilegítimamente dé de baja los contratos de suministro a su nombre sin incurrir en un delito de coacciones.

No es una autorización automática ni un cheque en blanco. Es una doctrina que exige análisis caso por caso, acreditación documental de la situación y acompañamiento jurídico adecuado. Pero marca un antes y un después en la forma en que los tribunales deberán abordar estas situaciones.

Si eres propietario de una vivienda afectada por una ocupación ilegítima y quieres saber cómo puede afectarte esta doctrina a tu caso concreto, en nuestro despacho de abogados de Madrid podemos asesorarte. Analizamos tu situación, valoramos los riesgos y te acompañamos en todas las fases del procedimiento de recuperación de la posesión.

Artículo elaborado por Camacho & Aparicio Abogados a partir de la jurisprudencia citada, con apoyo de IA en su estructuración.